Cuando el Pergamino Constitucional no Alcanza las Estrellas: Colombia, la Órbita Geoestacionaria y un Satélite del Tamaño de una Caja de Zapatos
[...] la Constitución colombiana de 1991 reclama soberanía sobre un segmento específico del espacio ultraterrestre. No sobre cualquier porción celeste, sino precisamente sobre aquella franja de la órbita geoestacionaria que se suspende, inmóvil y majestuosa, a 35,786 kilómetros por encima del territorio nacional. La ironía resulta tan deliciosa como instructiva. Colombia, que actualmente opera un único satélite —un modesto CubeSat del tamaño aproximado de una caja de zapatos—, se arroga constitucionalmente derechos soberanos sobre uno de los recursos orbitales más codiciados de la humanidad. Mientras tanto, sus vecinos Argentina y Brasil, sin pretensión constitucional alguna sobre territorios celestes, han desarrollado programas espaciales que operan 39 y 16 satélites respectivamente, fabrican sus propios ingenios espaciales, y dominan tecnologías que Colombia apenas comienza a explorar mediante la ayuda de contratistas extranjeros. Esta disparidad entre aspiración jurídica y capacidad tecnológica no es meramente anecdótica. Representa, en toda su dimensión, la distancia que separa la voluntad política plasmada en pergaminos constitucionales de la dura realidad de la ingeniería aeroespacial, el desarrollo industrial y la inversión sostenida en ciencia y tecnología.
Una ironía constitucional a 35,786 kilómetros de altura
Descubrí esta curiosa peculiaridad jurídico-espacial mientras leía A City on Mars, el fascinante libro de Kelly y Zach Weinersmith que cuestiona nuestras fantasías sobre la colonización espacial. Entre sus páginas, casi como una nota al pie de las aspiraciones humanas más grandilocuentes, los autores mencionan un dato extraordinario: la Constitución colombiana de 1991 reclama soberanía sobre un segmento específico del espacio ultraterrestre. No sobre cualquier porción celeste, sino precisamente sobre aquella franja de la órbita geoestacionaria que se suspende, inmóvil y majestuosa, a 35,786 kilómetros por encima del territorio nacional.
La ironía resulta tan deliciosa como instructiva. Colombia, que actualmente opera un único satélite —un modesto CubeSat del tamaño aproximado de una caja de zapatos—, se arroga constitucionalmente derechos soberanos sobre uno de los recursos orbitales más codiciados de la humanidad. Mientras tanto, sus vecinos Argentina y Brasil, sin pretensión constitucional alguna sobre territorios celestes, han desarrollado programas espaciales que operan 39 y 16 satélites respectivamente[1], fabrican sus propios ingenios espaciales, y dominan tecnologías que Colombia apenas comienza a explorar mediante la ayuda de contratistas extranjeros.
Esta disparidad entre aspiración jurídica y capacidad tecnológica no es meramente anecdótica. Representa, en toda su dimensión, la distancia que separa la voluntad política plasmada en pergaminos constitucionales de la dura realidad de la ingeniería aeroespacial, el desarrollo industrial y la inversión sostenida en ciencia y tecnología.
El Artículo 101: ambición legislativa sin precedentes
El texto constitucional no podría ser más explícito. El Artículo 101 de la Constitución Política de Colombia, promulgada el 7 de julio de 1991, establece con meridiana claridad: «También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional.»[2]
Esta extraordinaria provisión convierte a Colombia en uno de apenas dos países del orbe que mantienen reclamos constitucionales activos sobre territorio espacial. El único otro es Ecuador, cuya Constitución de 2008 incorporó una cláusula similar, aunque formulada en términos algo más circunspectos, indicando que el Estado «ejercerá sus derechos» sobre los segmentos de órbita geosincrónica que corresponden a su territorio.[3] Ninguna otra nación ha osado inscribir en su carta magna tales pretensiones celestes.
La fundamentación jurídica de este reclamo descansa sobre un argumento ingeniosos: que la órbita geoestacionaria constituye un «recurso natural» gravitacionalmente vinculado al territorio ecuatorial, y por tanto no forma parte del «espacio ultraterrestre» definido en el Tratado del Espacio Exterior de 1967. Los constitucionalistas colombianos invocaron el principio jus cogens de soberanía permanente sobre recursos naturales, aprovechando además la notable ausencia de una definición precisa del término «espacio ultraterrestre» en los tratados internacionales vigentes.
La Declaración de Bogotá: el audaz intento de cobrar renta celestial
Empero, este reclamo constitucional no surgió ex nihilo. Sus raíces se hunden en un episodio fascinante de la historia del derecho espacial: la Declaración de Bogotá del 3 de diciembre de 1976.[4] En aquella fecha, siete naciones ecuatoriales —Colombia, Ecuador, Congo, Indonesia, Kenia, Uganda y Zaire (hoy República Democrática del Congo), con Brasil como observador— se congregaron para efectuar una reclamación que haría palidecer de envidia a cualquier terrateniente: declararon soberanía sobre los segmentos de órbita geoestacionaria situados directamente sobre sus territorios.
Las pretensiones eran notablemente audaces. Los países signatarios no se limitaron a solicitar «derechos preferenciales» o «consideración especial». Antes bien, proclamaron sin ambages que «los segmentos de la órbita sincrónica geoestacionaria son parte del territorio sobre el cual los Estados ecuatoriales ejercen su soberanía nacional.» Clasificaron esta órbita como «un recurso natural escaso, cuya importancia y valor aumentan rápidamente junto con el desarrollo de la tecnología espacial,» y argumentaron que su existencia dependía «exclusivamente de su relación con los fenómenos gravitacionales generados por la Tierra,» por lo que no debía considerarse parte del espacio ultraterrestre.
La Declaración exigía «autorización previa y expresa» de los estados ecuatoriales para colocar satélites en sus segmentos orbitales. Aunque no especificaba tarifas monetarias concretas —quizás un error estratégico de los redactores—, la implicación era clara: las naciones que desearan aprovechar estos valiosos segmentos orbitales deberían solicitar permiso y, presumiblemente, pagar por el privilegio.
La respuesta internacional fue un rechazo categórico. Ninguna potencia espacial firmó la Declaración. La Unión Soviética declaró que la órbita geoestacionaria es «inseparable del espacio ultraterrestre» y está sujeta al Artículo II del Tratado de 1967, que prohíbe la apropiación nacional. Estados Unidos y otras naciones desarrolladas sostuvieron que el uso legítimo de órbitas favorables no constituye apropiación prohibida. El Comité de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos respaldó oficialmente en 2000 que la órbita geoestacionaria forma parte integral del espacio ultraterrestre.
Hoy, casi medio siglo después, la Declaración de Bogotá ha sido «ampliamente abandonada,» según múltiples fuentes académicas. Solo Colombia y Ecuador mantienen provisiones constitucionales heredadas de aquella aspiración. Ningún estado ecuatorial intenta actualmente hacer cumplir requisitos de autorización o cobrar tarifas a los más de 400 satélites que operan en órbita geoestacionaria. Las reclamaciones se han reformulado en términos más modestos, prefiriendo invocar «derechos preferenciales» de acceso antes que soberanía plena.
La realidad tecnológica: un satélite del tamaño de una caja de zapatos
Descendamos ahora de las alturas jurídicas a la prosaica realidad de la ingeniería espacial colombiana. El contraste resulta, si me permiten el término, astronómico.
Colombia actualmente opera exactamente un satélite operacional: FACSAT-2 «Chibiriquete,» lanzado el 15 de abril de 2023 desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, gracias a los servicios de lanzamiento de SpaceX.[5] Este ingenio es un CubeSat 6U, lo que en lenguaje menos técnico significa que mide aproximadamente 30×20×10 centímetros y pesa unos 10 kilogramos.[6] Para dimensionar adecuadamente: apenas supera el tamaño de una caja de zapatos.
FACSAT-2 orbita a una altitud de 500-550 kilómetros en órbita heliosincrónica de baja altitud terrestre. Nótese bien: no en la órbita geoestacionaria que Colombia reclama constitucionalmente a 35,786 kilómetros de altura, sino en una órbita modesta, 71 veces más cercana a la superficie terrestre. Sus capacidades incluyen imágenes multiespectrales con resolución de 4.75-5 metros por píxel y un espectrómetro Argus-2000 para detección de gases de efecto invernadero. Si bien representa un avance respecto a su predecesor, permanece siendo una plataforma modesta en comparación con los satélites de observación terrestre operados por naciones con programas espaciales maduros.
La historia satelital colombiana es breve y revelatoria. Libertad 1, el primer satélite nacional lanzado en 2007, era un CubeSat 1U de menos de un kilogramo desarrollado por la Universidad Sergio Arboleda, capaz únicamente de transmitir telemetría básica sin capacidad de imágenes. Operó durante aproximadamente seis años antes de desorbitar.[7] FACSAT-1, lanzado en 2018, fue el primer satélite gubernamental: un CubeSat 3U con cámara RGB básica que capturó 3.755 imágenes durante sus 4.5 años de vida operativa, pero solo logró descargar 151 de ellas, cubriendo apenas el 19% del territorio nacional antes de su desorbita el 3 de junio de 2023.
Libertad 2, un CubeSat 3U iniciado en 2011 por la Universidad Sergio Arboleda, jamás fue lanzado, permaneciendo indefinidamente en fase de desarrollo debido a desafíos de financiamiento. Y FACSAT-3, una constelación planificada de tres nano/microsatélites, tiene lanzamiento previsto para diciembre de 2029, representando el primer intento de Colombia de liderar todas las actividades del ciclo de vida satelital sin depender enteramente de contratistas extranjeros.
La crudeza del programa espacial: dependencias y limitaciones
Colombia carece de capacidad de manufactura indígena de satélites. Todos los satélites FACSAT fueron construidos por contratistas externos, principalmente GomSpace de Dinamarca, con Colombia responsable únicamente de la integración y operaciones finales. No existe una industria espacial nacional, ni capacidad de diseño autónomo, ni desarrollo de propulsión satelital, ni fabricación de componentes críticos.
La Comisión Colombiana del Espacio, establecida en 2006, no constituye una agencia espacial completa en el sentido convencional del término, sino un «organismo de consulta y coordinación intersectorial» presidido por el Vicepresidente de la República. Carece de autoridad de implementación directa y presupuesto operacional dedicado. La Fuerza Aérea Colombiana sirve como secretaría ejecutiva y lidera efectivamente el desarrollo del programa espacial a través del Centro de Investigación de Tecnologías Aeroespaciales en Cali.
Las capacidades que Colombia sí posee incluyen operaciones satelitales y control de comando, un Centro de Operaciones Espaciales inaugurado en 2022 (el segundo en Latinoamérica después de Brasil), integración de CubeSats usando componentes comerciales estándar, una red de estaciones terrestres, y procesamiento de imágenes potenciado por inteligencia artificial. Sin embargo, las capacidades que Colombia no posee son más extensas y reveladoras: ninguna capacidad de lanzamiento, ninguna manufactura de satélites, ninguna capacidad de satélites grandes más allá de nanosatélites, ningún satélite en órbita geoestacionaria, ningún sistema de propulsión indígena, ninguna base industrial espacial, y ningún sitio de lanzamiento.
La ironía culmina en un dato económico revelador: en 2018, Colombia gastó 282 millones de dólares en servicios satelitales, pagando a operadores extranjeros por acceso a comunicaciones y observación terrestre. Dicho de otro modo: mientras su Constitución reclama soberanía sobre segmentos valiosos de órbita geoestacionaria, Colombia debe alquilar servicios satelitales a las mismas naciones cuyos satélites ocupan sin permiso ni pago la órbita que Colombia afirma poseer.
La investigación de Dallamuta: Colombia en las etapas tempranas
João Dallamuta, profesor de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná y estudiante doctoral en el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, publicó en 2023 un estudio riguroso titulado «Space missions in South America: Profile and evolutionary perspective of their development» en la revista Acta Astronautica.[8] Su investigación, que analizó 113 misiones espaciales en diez países sudamericanos, proporciona un marco científico para comprender exactamente dónde se sitúa Colombia en el espectro del desarrollo espacial.
Dallamuta adaptó el marco Space Technology Ladder desarrollado por Wood y Weigel en 2012, creando una escala de catorce niveles organizados en cinco pasos institucionales y tecnológicos principales.[16] Colombia se sitúa en el Nivel STLD.2-3, habiendo logrado el STLD.2 mediante satélites pequeños como Libertad 1 y los FACSAT, y parcialmente el STLD.3 con operación en órbita terrestre baja, aunque con capacidad de diseño autónomo limitada y dependencia sustancial de sistemas extranjeros.
Colombia no ha alcanzado el STLD.4, que requiere capacidades avanzadas como satélites geoestacionarios, telecomunicaciones, y manufactura autónoma. Tampoco el STLD.5, que exige capacidad de lanzamiento propia. Y ciertamente no el STLD+, reservado para misiones de exploración espacial profunda. Los hallazgos de Dallamuta destacan la cooperación regional limitada de Colombia (cero satélites desarrollados mediante asociaciones sudamericanas), su dependencia tecnológica (clasificada como teniendo «actividades de integración» en lugar de capacidad completa de «diseño y construcción»), y brechas políticas significativas manifestadas en falta de visión estratégica a largo plazo y financiamiento inconsistente.
Esta clasificación científica sitúa a Colombia como una nación espacial emergente en etapa temprana, décadas detrás de las potencias regionales.
Argentina: el coloso espacial latinoamericano que no reclama el cielo
El contraste con Argentina resulta particularmente instructivo para comprender la paradoja colombiana. Argentina opera 39 satélites operacionales, clasificándose como la nación número uno en Latinoamérica y décima globalmente en cantidad de satélites activos. Esto representa una proporción de 39 a 1 comparado con el solitario satélite colombiano. Y sin embargo, Argentina no reclama constitucionalmente soberanía alguna sobre la órbita geoestacionaria ni sobre ningún otro segmento del espacio ultraterrestre.
El joyel tecnológico argentino es la constelación ñuSat de Satellogic, una empresa privada fundada en 2010 que se hizo pública en NASDAQ en 2022 con valoración de 850 millones de dólares. Satellogic opera más de 50 satélites ñuSat en la constelación Aleph-1, con planes de expandirse a 300 satélites.[9] Cada ingenio ñuSat proporciona imágenes multiespectrales con resolución de 0.7 metros, imágenes hiperespectrales con 29 bandas espectrales, y video de movimiento completo a 10 cuadros por segundo. La constelación puede revisitar puntos de interés hasta ocho veces diarias y recolectar más de cuatro millones de kilómetros cuadrados de imágenes de alta resolución por día.
Argentina es el único país latinoamericano con un fabricante privado de satélites operando una gran constelación que proporciona imágenes terrestres comerciales en tiempo real. Esta capacidad comercial contrasta marcadamente con la dependencia de Colombia en contratistas extranjeros para construir sus modestos CubeSats.
La verdadera joya de la corona argentina es INVAP S.E., empresa estatal fundada en 1976 con sede en San Carlos de Bariloche. INVAP es la primera empresa latinoamericana certificada por la NASA para suministrar tecnologías espaciales, empleando aproximadamente 1.700 personas, de las cuales el 80% son profesionales y especialistas.[10] Sus capacidades incluyen diseño completo de satélites, desarrollo de cargas útiles de Radar de Apertura Sintética, y fabricación de satélites de hasta más de tres toneladas de peso. Los satélites SAOCOM-1A y SAOCOM-1B, construidos por INVAP y lanzados en 2018 y 2020, pesan 3.050 kilogramos cada uno y presentan capacidades avanzadas de SAR de banda L con imágenes todo clima y día/noche que Colombia simplemente no posee.
Argentina también logró otro hito histórico construyendo ARSAT-1 en 2014 y ARSAT-2 en 2015, los primeros satélites de comunicaciones geoestacionarias construidos en Latinoamérica.[11] Estos satélites de telecomunicaciones operan en la misma órbita geoestacionaria que Colombia reclama constitucionalmente pero no puede alcanzar tecnológicamente. Argentina invierte aproximadamente 45 millones de dólares anuales en su programa espacial a través de CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales establecida en 1991.
Brasil: la potencia espacial consolidada sin pretensiones celestiales
Brasil opera 16 satélites nacionales operacionales, clasificándose como la segunda nación espacial de Latinoamérica, con una proporción de 16 a 1 comparado con Colombia. El programa espacial brasileño, establecido en 1961, es uno de los más antiguos de la región.
La Agencia Espacial Brasileña fue fundada en 1994, transfiriendo el programa espacial de control militar a control civil. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, establecido en 1971, maneja el desarrollo real de satélites y la investigación espacial. Brasil invierte aproximadamente 47 millones de dólares anuales en su programa espacial, sustancialmente más que Colombia.[12]
El logro más significativo de Brasil en observación terrestre es el programa CBERS, una asociación con China que ha lanzado seis satélites desde 1999. CBERS-4 y CBERS-4A proporcionan sistemas avanzados de cámaras múltiples con resolución que va de 5 a 80 metros dependiendo del instrumento.[13] Brasil es responsable de aproximadamente el 50% del desarrollo satelital, fabricando cámaras, sistemas de recolección de datos y varios subsistemas. Significativamente, Brasil proporciona distribución global gratuita de datos de imágenes CBERS, habiendo distribuido millones de imágenes para aplicaciones ambientales, agrícolas y de gestión de desastres a nivel mundial, un servicio de datos que Colombia no puede igualar remotamente.
El 28 de febrero de 2021, Brasil lanzó Amazonia-1, el primer satélite de observación terrestre 100% brasileño, diseñado y construido completamente por ingenieros brasileños. Este satélite de 637 kilogramos demuestra que Brasil logró capacidad de satélites de diseño a fabricación de extremo a extremo, capacidad que Colombia no posee y no proyecta alcanzar en el futuro cercano.
Brasil también posee una ventaja estratégica extraordinaria: el Centro de Lanzamiento de Alcântara, ubicado a solo 2.3 grados al sur del ecuador. Esta ubicación ecuatorial óptima proporciona ahorros de combustible de hasta el 30% comparado con sitios de mayor latitud para lanzamientos de satélites geoestacionarios. Aunque Brasil no tiene capacidad de lanzamiento orbital operacional actualmente, mantiene dos centros de lanzamiento y ha desarrollado cohetes durante más de seis décadas. El Centro de Lanzamiento Barreira do Inferno ha lanzado más de 2.000 cohetes de sondeo desde 1965.
La longevidad satelital brasileña también merece mención: SCD-1, el primer satélite brasileño lanzado el 9 de febrero de 1993, permanece operacional después de más de 30 años, demostrando diseño y calidad de manufactura excepcionales.[14] Esta longevidad contrasta marcadamente con la vida operativa de 4.5 años de FACSAT-1 antes de su desorbita prematura.
La paradoja definitiva: soberanía sin capacidades
La posición de Colombia encierra una ironía tan perfecta que parece diseñada por un dramaturgo con inclinación hacia lo absurdo. Colombia reclama soberanía constitucional sobre 1.293 kilómetros de órbita geoestacionaria a 35,786 kilómetros de altura, pero no puede alcanzarla, no puede colocar satélites en ella, ni siquiera puede lanzar cohetes. La órbita geoestacionaria requiere velocidad orbital de exactamente 3.07 kilómetros por segundo a altitud precisa para permanecer estacionaria sobre un punto en el ecuador, una hazaña que solo países con programas espaciales avanzados pueden lograr.
Más de 400 satélites operan actualmente en órbita geoestacionaria. Ninguno pertenece a Colombia. Ninguno paga rentas a Colombia. Estos incluyen satélites de telecomunicaciones, meteorológicos y militares operados por Estados Unidos, China, Europa, Japón, India y otros, todos ocupando pacíficamente el espacio que Colombia afirma constitucionalmente pero no puede utilizar tecnológicamente.
Mientras Colombia mantiene su reclamo constitucional, gasta 282 millones de dólares anuales pagando a operadores satelitales extranjeros por servicios de comunicación y observación.[15] La nación que reclama soberanía sobre valiosos segmentos orbitales debe, irónicamente, alquilar capacidades satelitales a las mismas potencias cuyos ingenios ocupan sin autorización ni compensación la órbita reclamada.
Argentina, sin pretensiones constitucionales espaciales, fabrica satélites que van de 38.5 kilogramos a 3.050 kilogramos, opera la primera constelación comercial de Latinoamérica, construyó los primeros satélites geoestacionarios de la región, y posee capacidad certificada por NASA a través de INVAP. Brasil, igualmente sin reclamaciones celestiales, construyó el primer satélite de observación terrestre 100% latinoamericano, mantiene una asociación espacial de 25 años con China, y posee infraestructura de lanzamiento óptimamente ubicada.
Reflexión final: cuando el pergamino constitucional no alcanza las estrellas
La disparidad entre las capacidades espaciales de Colombia y sus vecinos regionales no es meramente una cuestión de números de satélites, sino de capacidades fundamentales, instituciones maduras, inversión sostenida y visión estratégica a largo plazo.
El programa espacial colombiano tiene apenas 18 años de antigüedad, comparado con los 63 años de Argentina y Brasil. Colombia carece de presupuesto espacial dedicado formal, no tiene agencia espacial completa sino un organismo de coordinación, depende enteramente de manufactura extranjera, y carece de base industrial espacial. Su programa está liderado militarmente a través de la Fuerza Aérea en lugar de una agencia civil robusta con financiamiento sostenido a largo plazo.
El futuro programa FACSAT-3, planificado para 2029, representa el primer intento de Colombia de liderar todas las actividades del ciclo de vida satelital, señalando potencial progreso hacia mayor autonomía. Empero, sin inversión sustancial en desarrollo de capacidad de lanzamiento, establecimiento de base industrial espacial, aumento presupuestario significativo, y transición de organismo de coordinación a agencia espacial completa, Colombia permanecerá como una nación que reclama el cosmos pero apenas puede tocar su borde más cercano.
La Declaración de Bogotá de 1976 representó un intento comprensible de países ecuatoriales de reclamar valor económico de un recurso orbital único situado sobre sus territorios. Sin embargo, la comunidad internacional la rechazó categóricamente, y con razón desde el punto de vista del derecho espacial internacional. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 establece que el espacio ultraterrestre no está sujeto a apropiación nacional, principio que ha permitido el desarrollo pacífico y cooperativo de actividades espaciales durante más de medio siglo.
Colombia y Ecuador mantienen sus provisiones constitucionales como vestigios de aquella era de aspiraciones no realizadas. Pero la realidad tecnológica y geopolítica ha demostrado que el desarrollo espacial exitoso no requiere reclamaciones de soberanía orbital. Requiere inversión sostenida, visión estratégica a largo plazo, desarrollo de capital humano, construcción de capacidades industriales, y cooperación internacional.
Argentina y Brasil lo han demostrado. Sin reclamar porciones del espacio ultraterrestre, han construido programas espaciales que generan valor económico real, proporcionan servicios críticos a sus poblaciones, contribuyen a la ciencia global, y posicionan a sus naciones como líderes tecnológicos regionales.
La paradoja colombiana perdura: una nación que afirma derechos soberanos sobre uno de los recursos orbitales más valiosos de la humanidad mientras opera un solo satélite pequeño que ni siquiera puede alcanzar esa órbita. Es un recordatorio de que en la era espacial, las capacidades tecnológicas hablan más fuerte que las declaraciones constitucionales, y la soberanía orbital sin la capacidad de alcanzarla permanece como aspiración en lugar de realidad.
Quizás la lección más profunda es esta: el espacio no se conquista con artículos constitucionales, sino con laboratorios, fábricas, ingenieros, presupuestos sostenidos, y décadas de trabajo paciente. Colombia ha dado pasos iniciales en esta dirección, pero la distancia que separa su reclamo constitucional de su capacidad operacional permanece siendo astronómica, en el sentido más literal del término.
Referencias
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[2]: Constitute Project. "Colombia 1991 (rev. 2015) Constitution - Article 101." https://www.constituteproject.org/constitution/Colombia_2015; FAO Legal Office. "Colombia's Constitution of 1991 with Amendments through 2015." FAO Lex. https://faolex.fao.org/docs/pdf/col127440E.pdf; Otalora, D. & García-Aguirre, F. (2008). "A survey of Colombia's new outer space policy: Reforms in Colombian law." Space Policy, 24(2), 37-40. https://doi.org/10.1016/j.spacepol.2007.11.005
[3]: Constitute Project. "Ecuador 2008 (rev. 2021) Constitution - Article 4." https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2021; Georgetown Law Library. "Ecuador: 2008 Constitution in English." https://www.law.georgetown.edu/
[4]: JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency). "Declaration of the First Meeting of Equatorial Countries (Adopted on December 3, 1976)." Space Law Documentation. https://www.jaxa.jp/library/space_law/chapter_2/2-2-1-2_e.html; Durrani, Haris A. (2017). "The Bogotá Declaration: A Case Study on Sovereignty, Empire, and the Commons in Outer Space." Columbia Journal of Transnational Law - The Bulletin. http://jtl.columbia.edu/the-bogota-declaration-a-case-study-on-sovereignty-empire-and-the-commons-in-outer-space/; Nnamdi Azikiwe University. "Effects of the Bogota Declaration on the legal status of geostationary orbit in international space law." Journal of International Law and Jurisprudence (2017). https://www.ajol.info/index.php/naujilj/article/view/156705; Space Legal Issues. "The Bogotá Declaration and space law" (2019). https://www.spacelegalissues.com/the-bogota-declaration-and-space-law/; "The Bogotá Declaration and the Curious Case of Geostationary Orbit." Denver Journal of International Law & Policy. https://djilp.org/the-bogota-declaration-and-the-curious-case-of-geostationary-orbit/
[5]: ColombiaOne. "With its Satellites, Colombia is Also in the Space Race" (2025); Space Generation Advisory Council. "Colombia" (2025). https://spacegeneration.org/regions/south-america/colombia
[6]: Space.skyrocket.de. "FACSAT 2 (Chibiriquete)." Gunter's Space Page. https://space.skyrocket.de/doc_sdat/facsat-2.htm; Redalyc. "Satellite Systems for Colombian Space Development with Multi-domain Operations." Scientific Journal Article.
[7]: Space Generation Advisory Council. "Colombia" (2025). https://spacegeneration.org/regions/south-america/colombia; Astronautix Encyclopedia of Space. "Libertad 1." http://www.astronautix.com/
[8]: Dallamuta, João. "Space missions in South America: Profile and evolutionary perspective of their development." Acta Astronautica, Vol. 210 (2023), pp. 512-527. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2023.05.035; European Space Policy Institute (ESPI). "Emerging Spacefaring Nations: Review of selected countries" (2022). ESPI Report 79.
[9]: eoPortal Directory. "NewSat (Aleph-1 Constellation) - Satellogic." European Space Agency. https://earth.esa.int/eogateway/missions/newsat; Satellogic Corporate Information. NASDAQ: SATL. Company filings and investor relations materials (2022-2025).
[10]: Sky-Brokers. "INVAP from Argentina designs and manufactures satellites" (2021). https://sky-brokers.com/supplier/invap/; International Astronautical Federation (IAF). "Invap S.E. - Member Profile." https://www.iafastro.org/membership/all-members/invap-se.html; INVAP Official Website. "Satellite Division." https://www.invap.com.ar/en/satellite/; NASA APPEL Knowledge Services. "An Argentine Partnership with NASA: The SAC-D/Aquarius Mission" (2012). https://appel.nasa.gov/
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[12]: Brazilian Space Agency (AEB). "The Brazilian Space Agency: The bridge to the future." GOV.BR Official Publication. https://www.gov.br/aeb/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/LivretoBrazilianSpaceAgency.pdf; U.S. Department of Commerce, International Trade Administration. "Brazil - Space Technologies and Systems." Country Commercial Guide. https://www.trade.gov/country-commercial-guides/brazil-space-technologies-and-systems; IAF (International Astronautical Federation). "Brazilian Space Agency (AEB) - Member Profile." https://www.iafastro.org/membership/all-members/brazilian-space-agency-aeb.html
[13]: USGS Landsat Missions. "INPE - National Institute for Space Research." U.S. Geological Survey. https://landsat.usgs.gov/CUB; eoPortal Directory. "CBERS (China-Brazil Earth Resources Satellite) Series." ESA Earth Observation Portal. https://earth.esa.int/eogateway/missions/cbers
[14]: Brazilian Space Agency (AEB). "Amazonia-1 Satellite - First Fully Brazilian Earth Observation Satellite" (2021). Official government documentation; USGS Landsat Missions. "INPE - National Institute for Space Research: SECOR Tracking and Control Service." U.S. Geological Survey official documentation on SCD-1, SCD-2, and operational Brazilian satellites.
[15]: ColombiaOne. "With its Satellites, Colombia is Also in the Space Race" - Report on Colombian satellite expenditures of $282 million USD (2018 data).
[16]: Wood, Danielle & Weigel, Annalisa L. "Charting the evolution of satellite programs in developing countries – The Space Technology Ladder." Acta Astronautica, Vol. 81, Issue 2 (2012), pp. 601-615. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2012.08.025